Nacionales

27 noviembre, 2019

Laura Alonso negó haber encubierto a Aranguren: “Ningún delito me puede ser reprochado”

La actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y ex diputada nacional del PRO, tuvo que responder ante la Justicia en la causa que investiga al ex ministro de Energía por “negociaciones incompatibles con la función pública”.

Imputada en la causa que investiga al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por “negociaciones incompatibles con la función pública”, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, negó haber recurrido al delito de encubrimiento y dijo que tampoco eludió las responsabilidades de su área.

En un escrito presentado ante el juez federal Luis Rodríguez en los tribunales de Comodoro Py, Alonso explicó: “Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito me puede ser reprochado”.

Además, alegó: “Vengo a formular las siguientes manifestaciones con el fin de explicar la actividad desarrollada en el ámbito de la Oficina Anticorrupción bajo mi dirección, acreditando los quehaceres ejecutados la inexistencia de ninguna conducta u omisión que pueda calificarse como delictiva”.

Alonso fue imputada en la causa y la Justicia intenta averiguar si incurrió en el delito de encubrimiento en torno a medidas tomadas por Aranguren. Sucede que el ex ministro está acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública”, esto es, de ejecutar determinadas políticas energéticas para beneficiar su posición en una empresa, en este caso, la petrolera Shell, de la que fue CEO.

En una resolución adoptada por su oficina en septiembre de 2016, la ex diputada nacional del PRO le “recomendó” al ex ministro dejar sus acciones, en vez de investigar los hechos. “Recomendar al Ing. Juan José Aranguren que se desprenda de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell PLC o adopte alguna medida patrimonial (tal como un fideicomiso ciego de administración y disposición”, dice textualmente la orden de la OA.

Los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, denunciantes, sostienen que Aranguren ordenó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas más caras de las que se venían pagando a Bolivia”, lo que pudo haber puesto “en una situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas” a Chile.

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