Batalla de Ideas

9 febrero, 2020

«Presos políticos»: mejor que decir es hacer

La corrupción y los presos políticos son dos caras de la misma moneda. Una moneda que el presidente quisiera que no existiera, pero allí está. Alberto Fernández evita hablar de indultos y apuesta todo a la depuración del Poder Judicial.

Federico Dalponte

@fdalponte

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“Cuando decimos que hay presos políticos en Ecuador, nos dicen «sí, pero están acusados de corrupción». ¿Y qué esperaban? ¿Que los acusen de ser opositores? Por supuesto que los van a acusar de corrupción”.

La frase es de Rafael Correa, que tuvo la suerte de no estar en Ecuador el día que una jueza ordenó encarcelarlo. Su radicación en Bélgica es lo único que lo salvó de no terminar como Jorge Glas, el vicepresidente condenado por el caso Odebrecht en un proceso de dudosa imparcialidad.

Correa y Evo Morales comparten, en ese sentido, la misma suerte. Si el derrocado presidente boliviano no se hubiera refugiado en Argentina, estaría hoy detenido por los delitos de sedición y terrorismo que le imputan la fiscalía y el gobierno de facto.

La misma trama se repite obviamente en Brasil, con quien fuera el preso más importante de esta parte del mundo. El encarcelamiento de Lula, decidido por el actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, fue el contrafáctico perfecto de Cristina Kirchner: si alguien se pregunta qué hubiera pasado en las elecciones brasileñas de 2018 con Lula en libertad, la respuesta se encuentra en Argentina.

En ese marco –y no en otro– es que se inscribe el debate sobre presos políticos en nuestro país. Y en ese marco –y no en otro– es que también se da el debate sobre la corrupción. Un gran problema a la hora de diseccionar el todo y separar las partes. No todos los presos son políticos, no todos los políticos están mal condenados, no todos todo. Y al revés también.

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Durante la presidencia de Mauricio Macri muchos ex oficialistas fueron detenidos o condenados en procedimientos mediados por: prisiones preventivas infundadas, jueces presionados por el Consejo de la Magistratura, jueces de manifiesta enemistad con los acusados, jueces reubicados sin aval del Congreso, arrepentidos por fuera del procedimiento legal, pruebas adulteradas, pruebas inexistentes, operaciones de inteligencia, peritos hoy procesados por falso testimonio, forum shopping y demás.

Todo eso es cierto. Tan cierto como que existieron obvios casos de corrupción en la Argentina, antes, durante y después del kirchnerismo. Lo novedoso –lo único novedoso en este entuerto– es que hoy el país tiene un presidente del mismo signo político que aquellos presos que reclaman su libertad.

Está claro que Lenin Moreno estaba interesado en la detención de Jorge Glas. Lo mismo Michel Temer respecto a la detención de Lula. Tanto como Jeanine Áñez respecto a los ex funcionarios del MAS. Y lo mismo Mauricio Macri con Amado Boudou, Milagro Sala, Julio De Vido. Pero ninguno de ellos hubiese sido detenido con Rafael Correa, Dilma Rousseff, Evo Morales o Cristina Kirchner en la presidencia.

Y ahí está el problema: si la libertad o la prisión dependen de la titularidad del Poder Ejecutivo, se hace muy difícil no hablar de presos políticos. O al menos, de presos por delitos comunes pero en razón de su pertenencia política. Como sucede con los afrodescendientes y los latinos en EE.UU., en la Argentina de Mauricio Macri los kirchneristas tuvieron mayores probabilidades que cualquier otro de ser detenidos, más allá de los delitos imputados.

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Alberto Fernández dice lo mismo que diría cualquier otro presidente ante la misma acusación. Admitir la existencia de presos políticos implicaría reconocer la responsabilidad de su propio gobierno sobre aquellas detenciones. Si los presos políticos son el nombre de los arrestados «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional» típicos de las dictaduras, la llave para liberarlos sólo la tendría el presidente. Y no parece ser así.

La teoría indica que la decisión arbitraria de un juez cualquiera sólo la revierte el propio Poder Judicial, y para eso existen tribunales revisores. El sistema funciona –¿el sistema funciona?–. Preguntarle a Fernando Carrera, que estuvo siete años preso por decisión de un tribunal oral y dos cámaras de apelación hasta que la Corte Suprema puso fin a la injusticia.

En esta instancia, confiar en la propia institucionalidad judicial es toda una osadía. Para detenidos como Boudou, pero también para denunciados como Guillermo Dietrich o Javier Iguacel. Si los jueces son permeables a la presión política y no hay una valoración razonada de las pruebas, el sistema decanta hacia la peor opción: que sea el presidente quien actúe como última instancia revisora, por encima de la Corte Suprema, siendo quien defina dónde hubo  corrupción y dónde arbitrariedad. “Una rémora de la monarquía”, repite Alberto Fernández con razón.

Es cierto que la Constitución prevé la posibilidad presidencial de otorgar indultos “por delitos sujetos a la jurisdicción federal”, pero su ejercicio es inusual en nuestro país. En EE.UU:, por caso, todo está más claro: en 2016, Barack Obama marcó un récord al otorgar indultos y reducción de penas a más de un millar de condenados en un solo día. Pero así funciona el sistema; el presidente revisa condenas y nadie chista demasiado.

En la Argentina, en cambio, si Alberto Fernández quisiera indultar a dos, a tres, a veinte condenados, debería asumir un severo costo político y esa opción no está sobre la mesa. Una buena parte de la sociedad, de voto variopinto, exige condenas ejemplares sin importar la arbitrariedad de los procesos. Pero además, ciertos condenados –como Boudou– no quieren ser indultados, pues eso sería reconocer la existencia del delito que se perdona. Nada es fácil.

En ese marco, el gobierno procura de momento reordenar el Poder Judicial con una reforma de su organización interna, con la restricción del vínculo entre jueces y agentes de inteligencia, y con la designación de Daniel Rafecas como procurador general. Habrá que ver hasta dónde llega y para qué.

El mejor escenario, en este sentido, no será la liberación por indulto de los detenidos, sino la depuración del propio sistema: revisión de sentencias arbitrarias, nuevos juicios donde haya habido vicios de procedimiento y confirmación de penas para quienes hayan delinquido.

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