Condena al presidente de El Salvador tras irrumpir en el Congreso con militares

“La Asamblea Legislativa condena enérgicamente la irrupción y la toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo, por instrucciones del presidente Nayib Bukele”, afirma el texto del documento aprobado este lunes por el parlamento salvadoreño por 65 votos a favor.

El viernes pasado, Bukele y el Consejo de Ministros se ampararon en el artículo 167 de la Constitución para convocar de forma extraordinaria a los diputados y obligarlos a sesionar el domingo con un fuerte dispositivo de seguridad. La idea del mandatario era aprobar la tercera fase del plan de seguridad ‘Control Territorial’, que implica un crédito de 109 millones de dólares para fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.

A su vez amenazó a los diputados y diputadas con que, en caso de no aprobar el préstamo, “el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución».

Dicho artículo «reconoce el derecho del pueblo a la insurrección», para «restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución».

Además de instar al presidente a “desistir de sus amenazas y uso de la fuerza para disolver el congreso salvadoreño”, el pronunciamiento del Poder Legislativo afirma que este intento de militarizar el Congreso constituye una “expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador”. Asimismo, piden a «los congresos del mundo y organizaciones de parlamentos”, su “solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador».

Por otra parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa. Dentro de las medidas cautelares emitidas por el órgano judicial, se ordenó al Ejecutivo a que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos». 

Denuncias de la oposición y repercusiones internacionales

El secretario general del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, acusó a Bukele de fomentar un golpe de Estado y señala que esto traería «graves daños colaterales».

Por su parte, Carlos Reyes, legislador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía para implementar «un autogolpe». En tanto que la secretaria de la Junta Directiva del FMLN, Cristina Cornejo, también tildó la militarización del Parlamento como un «intento de golpe” para controlar todos los poderes del Estado.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), realizaron un llamado al diálogo y al «pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el Estado de Derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público».

A su vez, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, condenó el «ostentoso» despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa y señaló que lo sucedido recuerda a “las épocas más sombrías de la historia de El Salvador” y a la vez constituye “una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país».

Otro que instó al diálogo fue el embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, que pidió buscar «consensos» y «mantener la calma”.