El Mundo

13 febrero, 2020

Encuentran asesinados a dos referentes sociales en Colombia

Se trata de un padre y su hijo que permanecían secuestrados luego de ser sacados de sus viviendas este lunes por un grupo armado en el departamento de Putumayo al suroeste del país. Con este doble crimen la cifra de líderes y lideresas muertas en lo que va del 2020 asciende a 44.

Luis Alberto Parra Lozada, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) y su hijo Jader Alberto Parra, quien era coordinador del Comité de Obras de la JAC en el municipio colombiano de Puerto Guzmán, departamento de Putumayo, fueron encontrados sin vida luego de haber sido secuestrados el lunes. 

Ambos habían sido sacados por la fuerza de sus casas por un grupo de personas armadas, dejando amarrada a la esposa y madre de los directivos comunales. Los cuerpos se encontraron en una zona bastante lejana, pero agentes de la Fiscalía de Colombia pudieron llegar al lugar para hacer las investigaciones.

Según la Red de Derechos Humanos desde el mes de septiembre llegó a la zona un nuevo grupo armado ilegal autodenominado ‘Mafia Sinaloa’. Este ha entrado en disputa territorial contra otro grupo llamado ‘Frente Carolina Ramírez’.

De acuerdo a cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) un líder o lideresa social e indígena ha sido asesinado por día durante enero pasado en Colombia. Con el secuestro y asesinato de los Parra la cifra actual llega a 44 en lo que va del año.

Movilización de familiares de víctimas de falsos positivos

Asimismo, este miércoles organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y los llamados “falsos positivos” (hacer pasar por delincuente a un inocente) se concentraron en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ubicada en Bogotá, capital del país. El motivo de la manifestación era exigirle la verdad de lo ocurrido al general retirado Mario Montoya, comandante durante el período 2006-2008 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Montoya se presentó voluntariamente ante la justicia para relatar lo ocurrido con los falsos positivos durante la presidencia de Uribe. Esto permitirá contrastar la información que posee la JEP, entregada por el Estado colombiano, y los informes provenientes de las organizaciones de los familiares de las víctimas.

Según la defensora de derechos humanos y abogada de las víctimas, Iliana Uribe, los testimonios del general retirado representan una “oportunidad para que diga la verdad” sobre “los miles de falsos positivos de ejecuciones extrajudiciales de personas a las que asesinaban y presentaban como resultados operacionales”.

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