Derechos Humanos

13 febrero, 2020

Procesan a ex militares por torturas durante la Guerra de Malvinas

La causa original se remonta al año 2007 y tuvo varias idas y vueltas. Ahora el juez federal Javier Leal de Ibarra decidió investigar una denuncia por hechos ocurridos contra tres soldados conscriptos que no llegaron a combatir pero estuvieron movilizados en Santa Cruz.

El tribunal federal de Río Gallegos, a cargo del juez subrogante Javier Leal Ibarra, procesó a dos ex miembros de las Fuerzas Armadas por torturas cometidas en el marco de la Guerra de Malvinas (1982). El magistrado consideró que se trata de delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. 

Los acusados son el ex teniente primero y médico Reynaldo Pascuzzi y el ex capitán Carlos Alemán Urquiza. Por su parte las víctimas son tres ex conscriptos chaqueños: Hugo Vicente Sandoval, Eulogio Epifanio Contrera y Ernesto Raúl Sánchez. Si bien estos soldados no participaron activamente del conflicto bélico estuvieron movilizados durante 71 días en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.

Entre los crímenes de los que se acusa a Pascuzzi y Alemán Urquiza están “privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales”. Además de “abuso de autoridad, empleando violencias y amenazas”.

Según señala el fallo -difundido por Tiempo Argentino-, los colimbas fueron sometidos “al frío extremo, cavar pozos de agua, a golpes, a una alimentación basada en sobras (huesos de oveja, restos de pan), a simulacros de fusilamiento, estaqueamientos en la nieve, maltratos físicos que solían venir acompañados de agresiones verbales, tales como ‘a estas basuras hay que matarlos, estos traicionan a la Patria’”.

Si bien la defensa de los procesados negó la denuncia alegando que las víctimas no estaban bajo su cadena de mando, el magistrado desestimó el planteo. “Más allá de que pudieron estar formalmente establecidas las áreas de incumbencia de los oficiales a cargo del Grupo de Artillería 7, está claro que los damnificados tenían para con ellos el deber de obediencia propio de toda estructura militarizada; y que ese ejercicio de poder -más allá del plano formal- pudo haber sido discrecional y arbitrario”, apuntó Leal de Ibarra.

Por otra parte, respecto a la no prescripción de los delitos, remarcó que “los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad generan la misma obligación internacional para los Estados en cuanto al deber de búsqueda, detención, enjuiciamiento y -de corresponder- el castigo de los responsables”. “Por tanto, no resultan oponibles obstáculos jurídicos como el instituto de la prescripción para dejar de cumplir tales compromisos”, completó.

Una causa con historia

Desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata celebraron la decisión del juzgado federal de Río Gallegos. 

“Reafirma el argumento jurídico que sostenemos como querellantes, relativo a que Malvinas fue un capítulo más de la dictadura y que, por tanto, las lógicas, prácticas y sistemas promovidos por el Estado criminal en territorio continental argentino entre 1976 y 1983, fueron las mismas que las desplegadas en territorio insular argentino, Malvinas, durante la guerra en 1982”, apuntaron.

En el año 2007 se hizo la primera presentación de denuncias ante el juzgado federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. En 2009 la jueza federal a cargo de la causa, Lilian Herráez, consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores. Su argumentación se sostuvo en que “cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad” por eso “lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”.

De los más de 80 militares imputados, uno de ellos acusado de tormentos a por lo menos cinco ex combatientes, Jorge Taranto, solicitó el cierre de la causa por considerar que los delitos de los que se lo acusa prescribieron.

El juzgado federal de Río Grande y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron la presentación. Sin embargo Taranto prosiguió con su planteo hasta llegar a la Cámara Federal de Casación Penal que dio curso al pedido consignando como “errónea” la calificación de delito de lesa humanidad de los estaqueos y otras vejaciones y devolvió el expediente a la Cámara Federal que dictó una nueva sentencia donde declaró prescripta la causa.

El CECIM apeló y la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2012. Sin embargo, en febrero de 2015 el máximo tribunal falló a favor de Taranto dando por prescriptos los crímenes. 

Sin embargo se siguieron acumulando nuevas denuncias por lo que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia estableció que continúe abierta la causa. Esto, siempre y cuando se trate de hechos que no hayan conformado el objeto de la sentencia dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Fue así que en junio del año pasado 18 militares iban a ser indagados por estos delitos pero la jueza Mariel Borruto suspendió la medida por falta de personal. 

Ahora, con la resolución de Leal de Ibarra, el CECIM espera que se retome el proceso judicial. “El fallo cumple con los estándares internacionales en materia de persecución penal a los autores de crímenes de Estado, esperamos que la jueza Mariel Borruto, que debe resolver ahora la situación procesal de los denunciados por los mismos delitos en las islas retome este precedente”, completaron.

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