Batalla de Ideas

28 febrero, 2020

Las penas son de nosotros, la soja es extranjera

Desde 2008 hasta la fecha, la palabra “retenciones” articula un conjunto de significados que la convierten, casi, en un grito de guerra. La batalla por la famosa resolución 125, que establecía un esquema de retenciones móviles para la exportación de granos -de soja, en particular- marcó un parteaguas dentro del ciclo de gobiernos kirchneristas.

Fernando Toyos

@fertoyos

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Este domingo se esperaba que el presidente Alberto Fernández anuncie un aumento en los derechos de exportación de la soja. Ante esta posibilidad, que una reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y las entidades agrarias dejó en suspenso, un coro de voces alineadas con los intereses de las patronales agrarias se alzó al grito de “¡Confiscación!” 

¿Son los derechos de exportación un “impuesto confiscatorio”? 

El boom de la soja y la batalla por las retenciones

El cambio de siglo en América Latina estuvo acompañado de dos factores: el llamado “boom de los commodities” y el ascenso de los gobiernos progresistas, nacional-populares y de izquierda. 

Se denomina commodity a un bien transable en el mercado, usualmente de bajo valor agregado, cuyo precio se fija por la evolución de la oferta y la demanda. Nuestro continente es rico en este tipo de bienes, tales como el petróleo -cuya reserva más grande registrada está en Venezuela- el gas, el cobre y la soja, entre otros. Este “brote verde”, en particular, experimentó una fenomenal alza de su precio en el mercado, traccionado por la demanda de China, entre otros factores.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación

Cuando el precio internacional de la soja se encontraba en alza, el gobierno de Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de Ley que proponía establecer un esquema de retenciones móviles, se trató de la famosa resolución 125, cuyo rechazo -victoria rotunda de las patronales agrarias- marcó el resto de aquel ciclo político. 

Restablecidas en 2002 tras haber sido removidas por Carlos Menem, en 1991, las retenciones a la exportación comenzaron captando un 13,5% del precio de venta, porcentaje que fue aumentando al compás del precio internacional que, como muestra el gráfico, estaba en pleno ascenso. A pesar de que el precio de este producto ha disminuido considerablemente, hoy se ubica en torno a los 320 dólares por tonelada, muy por encima de otros granos como el trigo y el maíz. 

Una de las primeras medidas de Cambiemos fue la reducción de cinco puntos porcentuales de las retenciones a la soja, junto con la eliminación de las mismas para productos como el trigo, el maíz y la carne. Una nueva rebaja, anunciada en 2018, tuvo que ser suspendida por la calamitosa situación económica que atravesaba el país. Aunque hicieron oír alguna queja, las patronales agrarias no amenazaron con movilizaciones de ningún tipo al gobierno del PRO/Cambiemos.

La ley 23.697 de Emergencia Económica, sancionada a fines del año pasado, faculta al Poder Ejecutivo para aumentar las retenciones en tres puntos porcentuales, pudiendo así establecerlas en un tope del 33%. La Mesa de Enlace, entidad que nuclea a la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria (FAA) y Coninagro declaró estar analizando medidas de fuerza ante lo que califican como acciones “contrarias a la producción, las que generaron malestar e incertidumbre”. Omiten mencionar que este impuesto, al cultivo de mayor precio, estaría destinado a financiar rebajas para productos de las economías regionales.

La cuestión de la renta agraria

La lucha por las retenciones no es un fenómeno de las últimas décadas, antes bien, expresa un histórico conflicto por la distribución de la renta agraria. Desde finales del siglo XX, Argentina ostenta una producción agropecuaria que le ha valido el mote de “granero del mundo”. Más allá de que haya quien considera un mito a esta imagen, lo cierto es que nuestro país se encuentra en los primeros puestos de producción mundial de alimentos como el maíz y la carne. 

Paradójicamente, un país que produce suficiente comida para alimentar a 440 millones de personas sigue registrando el aberrante fenómeno de la muerte por desnutrición, flagelo que suma al menos ocho casos en lo que va del año. Esto se debe a que, por más productivo que pueda ser nuestro suelo, el mismo se halla concentrado en proporciones escandalosas. 

Según el último informe de la ONG Oxfam, menos del 1% de los dueños de la tierra controla casi el 34% del total del territorio argentino. En esta distribución altamente desigual no es de extrañar que abunden el trabajo esclavo, los casos de malformaciones y enfermedades debidos al uso de agrotóxicos cerca de poblaciones y el sistemático acoso a los pueblos originarios, de parte de quienes pretenden despojarlos de sus territorios ancestrales. 

Desde el genocidio de la autodenominada “campaña del desierto” hasta las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los vastos cultivos del suelo argentino están teñidos por la sangre de los despojados.

Más allá de las retenciones

Si bien los datos sobre el mundo laboral agrario son objeto de discusión, como señala el investigador del CONICET Victor Rau, los datos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (RENATRE) estima que existen entre 1.300.000 y 1.500.000 trabajadores y trabajadoras rurales. Según estos números, más generosos que los de otras fuentes, el sector primario emplea apenas al 12% de la fuerza laboral, si tomamos solamente a los trabajadores y trabajadoras en blanco. 

“El campo” está lejos de generar trabajo para todo el país, y gracias a la expansión de los agrotóxicos, tiende a emplear cada vez menos personas. Que una porción de la renta agraria se destine a crear y fortalecer sectores capaces de generar empleo no parece una idea descabellada o confiscatoria: nuestra historia da cuenta de medidas mucho más audaces que las retenciones a las exportaciones. 

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado en 1946, era un organismo estatal encargado de comprar toda la producción primaria nacional, para exportarla luego. De este modo, el comercio exterior era regulado desde el Estado, el cual podía destinar parte de esos ingresos al desarrollo de la industria de aquel entonces. 

Hoy, por dar un ejemplo, una parte de este ingreso podría destinarse a fortalecer el desarrollo de las cooperativas de la economía popular. Si los trabajadores y trabajadoras de este sector supieron “inventarse el trabajo” con las maquinarias y los materiales que el capitalismo descarta -salvándose así de ser, ellos mismos, descartados y descartadas- ¿qué no podrían hacer si tuvieran aunque sea una porción de estos fabulosos ingresos? 

Las retenciones -hoy necesarias- necesitan ser superadas en un sentido que ponga en cuestión la organización actual del comercio exterior, para encaminarnos finalmente hacia una Argentina que, además de producir alimentos, pueda garantizar una vida digna para todos sus habitantes.

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