El Mundo

13 abril, 2020

El gobierno de Colombia se coloca como alfombra de los EE.UU.

Bajo el amparo de Washington, la oligarquía que gobiernan el país actúa como ariete en la presión contra Venezuela y así desvía sus propios problemas internos que el pueblo dejó al descubierto durante las masivas jornadas de lucha de fines de 2019.

El año pasado, el 21 de noviembre, el pueblo colombiano convocó a un paro y salió a las calles en pleno para rechazar una serie de políticas impulsadas por el presidente Iván Duque. 

Desde los sectores de la izquierda, una exigencia fuerte fue que el gobierno de derecha cumpliera los acuerdos de paz de 2016 firmados por el mandatario anterior, Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos acuerdos, negociados de buena fe, habrían puesto fin al enfrentamiento armado que duró seis décadas; el 70% de la sociedad colombiana ha nacido durante esta guerra.

En segundo lugar, se demandó el fin a las duras políticas de austeridad impulsadas por el gobierno de Duque, que incluyen recortes a las universidades públicas, al sistema de pensiones y al gasto social. 

Este paro fue convocado por una unidad entre varios sindicatos (CUT, CTC, CGT , y CPC) que se autodenominó Comando Unitario General, y a él se sumaron organizaciones sociales y estudiantes. La medida se amplió después en un levantamiento masivo contra el gobierno de Duque.

Edgar Mojica, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Congreso de los Pueblos, estuvo en las barricadas diariamente, siendo parte de la protesta de la sociedad colombiana ya no quería ser rehén de los caprichos de su oligarquía esclerótica y del gobierno de los EE.UU. Era este el estado de ánimo. Estaba claro en las consignas y en los graffitis que surgieron en Bogotá, la capital, y luego en las ciudades y pueblos más pequeños.

Las dos demandas, los acuerdos de paz y el fin de la austeridad, están relacionadas. La oligarquía colombiana teme que, si logra una paz total, la llegada de las FARC al escenario político fortalecerá a la oposición, y una oposición más fuerte podrá enfrentar mejor no sólo la agenda de austeridad sino también la orientación pro EE.UU. de las clases dominantes de Colombia.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha tratado de buena fe de negociar con el gobierno de Duque, pero ha visto la puerta cerrarse de golpe repetidamente. Pablo Beltrán, dirigente de la organización político-militar, le dijo a Claudia Korol el año pasado: “Duque ha intensificado la campaña militar contra el ELN”.

Si los acuerdos de paz con las FARC y las conversaciones con el ELN se profundizan, socavarían el poder político y económico de la oligarquía y de Washington. Por que “hay un sector de la oligarquía colombiana que se beneficia de la guerra”, como sostuvo Olimpo Cárdenas, vocero del Congreso de los Pueblos.

Venezuela como distracción

Hay días en que parece que el presidente Duque no puede tomar una decisión sin consultar al gobierno estadounidense y a su mentor, el senador Álvaro Uribe. El consejo que recibe es atrincherarse en la alianza con la Casa Blanca, incluso a costa de la opinión pública en Colombia. Sería apropiado llamar a la política de Duque hacia EE.UU. una política de esterilla, una política en la que ofrece a Colombia como alfombra para que la potencia norteamericana limpie sus pies antes de marchar hacia la vecina Venezuela.

“El gobierno colombiano es un gobierno sumiso y proclive a las decisiones del gobierno norteamericano”, opinó al respecto Mojica. Este no es un nuevo desarrollo. Lo que sí es nuevo según el líder de la CUT, es que Duque ha hecho todo lo posible para facilitar tanto el bloqueo contra Venezuela como la posible intervención militar en el país vecino.

Cuando Canadá y EE.UU. instaron a sus socios en América Latina a crear una plataforma contra Venezuela, que se convirtió en el Grupo de Lima en 2017, Colombia fue un participante entusiasta. En febrero de 2019, Duque dio la bienvenida al Grupo de Lima en Bogotá en medio de una apuesta de alto riesgo por parte de Washington para derrocar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. En enero de ese año, la administración de Donald Trump eligió a un grisáceo político venezolano, Juan Guaidó, para ser su títere, e intensificaron la guerra híbrida.

En ese momento, Mojica y otros líderes del movimiento social criticaron la forma en que la oligarquía colombiana y EE.UU. usaban su país con fines delimitados en contra del interés del pueblo colombiano. “Hemos estado denunciando esto durante el año pasado, comenzando cuando el presidente Duque se prestó para legitimar a Guaidó y legitimar las posiciones que el Grupo de Lima ha tenido con respecto a Venezuela”, dijo.

El aumento de la tensión militar con Venezuela se adapta a la agenda del gobierno de Duque. Significa que puede posponer cualquier conversación sobre la implementación plena de los acuerdos de paz y puede dejar de lado cualquier crítica a sus políticas de austeridad. Esto en un escenario donde, desde 2016, cientos de líderes de movimientos sociales han sido asesinados en toda Colombia. Sin emabrgo esta violencia se ve opacada por la atención que los medios prestan a la frontera colombo-venezolana.

Ahora que el gobierno de los EE.UU. dice absurdamente que Venezuela es la fuente del narcotráfico, a pesar de que todas las pruebas apuntan a Colombia, la presión sobre Bogotá para enfrentar su problema de drogas queda suspendida; de hecho, los vínculos íntimos entre la oligarquía y los narcotraficantes es ocultado por la alucinante afirmación de que Maduro está involucrado en este tráfico.

Narco-distracción 

Cuando Duque estuvo en la Casa Blanca el 2 de marzo, se sentó junto a Trump y, con un lenguaje muy servil, le dijo a su par estadounidense que comenzaría una vez más a rociar el campo colombiano con productos químicos, sumamente tóxicos, como arma contra la producción de cocaína. 

El año pasado, la corte constitucional colombiana dijo que tal fumigación no debería permitirse a menos que el gobierno cumpla con ciertos requisitos, incluido el monitoreo de las condiciones de salud del campesinado en el terreno; una norma que el gobierno considera muy estricta e imposible de cumplir.

Cabe recordar que, basado en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno colombiano dejó de usar la fumigación a base de glifosato que Monsanto le vendió en 2015.

Para Mojica toda la política antidrogas es una “distracción” porque no comprende el problema real. “Rechazamos las políticas de fumigación de cultivos y las políticas de chantajear al gobierno colombiano porque la producción de los pequeños agricultores en Colombia es el eslabón más débil de la cadena”, sostuvo. 

Estos pequeños agricultores -cuyas granjas y cuerpos estarán saturados de productos químicos tóxicos- no son la principal preocupación del gobierno de Duque. El elemento principal son los grandes narcocarteles colombianos que trafican las drogas a través de México y América Central hacia América del Norte, la mafia del narcotráfico en América del Norte y la inmensa demanda de cocaína sudamericana por parte de los consumidores. Ninguno de ellos enfrenta la peor parte de la política de erradicación de drogas.

“Los cocaleros y sus familias”, continuó el dirigente de la CUT, “no tienen ninguna alternativa en términos de diversificación y garantías de sostenimiento productivo y alimentario para la erradicación de sus cultivos”. Se han convertido injustamente en la primera línea de la guerra.

Los acuerdos de paz de La Habana de 2016 proporcionaron un mecanismo para ayudar a los agricultores en la sustitución de cultivos ilícitos. No obstante, así como con otros elementos del proceso de paz, el protocolo no ha sido respetado; las comunidades campesinas han denunciado reiteradamente incidentes de erradicación forzada por parte del ejército. El asesinato de líderes de estas comunidades a menudo es llevado a cabo por los grupos paramilitares, los carteles y un componente de las fuerzas armadas conocida como la Fuerza Pública.

Intervención militar

Mojica también señaló que EE.UU. y la administración de Duque, están utilizando la cuestión de las drogas para promover una agenda para el cambio de régimen en Venezuela. Los asuntos son tan graves que el gobierno colombiano ha permitido que las tropas estadounidenses entren en su territorio, tanto en la costa del Caribe como en la frontera venezolano-colombiana, como en el área del Catatumbo. “Creemos que desde allí están preparando una invasión terrestre”, subrayó el dirigente sindical.

De hecho, Washington ha enviado un grupo de portaaviones al Caribe y tiene tropas preparadas para su expansión en la frontera venezolano-colombiana. Estos son tiempos tensos, con la posibilidad de que las maniobras militares se conviertan en una guerra inminente.

El presidente Duque “ha violado la soberanía nacional e ignorado por completo al Senado”, completó Mojica.

Colombia lo rechaza

La bancada de la oposición del Senado ha expresado su oposición al uso del territorio colombiano para desestabilizar a Venezuela. En abril, un grupo de congresistas escribió una carta pública a Duque diciendo que su país no debe participar en el proyecto cambio de régimen. Si Duque quiere seguir alguna de esas agendas, tiene que pedir permiso al Congreso.

Por su parte los movimientos sociales colombianos “rechazan por completo” la agenda de Trump. “No somos su patio trasero”, remarcó Mojica en relación a EE.UU., y por lo tanto tampoco su alfombra. “No aprobamos sus políticas antidrogas; no aprobamos sus políticas de saqueo de nuestros recursos y bienes de la Naturaleza”, concluyó.

Vijay Prashad, Paola Estrada, Ana Maldonado y Zoe PC

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