4 junio, 2020
#NiUnaMenos: ni una trans menos
Dentro de un contexto mundial áspero, incierto y con casi 80 días de cuarentena, este 3 de junio se cumplieron cinco años del primer Ni Una Menos. Porque el machismo, la discriminación, la pobreza y la desigualdad son la pandemia de les sujetes de los feminismos, y en especial de les más relegades: las mujeres trans y travestis.
En este Ni Una Menos, condicionado a la lejanía en algunos lugares y a la virtualidad en otros, las banderas y consignas del feminismo siguen siendo las mismas. En un mundo donde impera la normativa de clase alta, blanca y heterosexual, las nefastas condiciones de vida de las personas que no entran en esas categorías, se estigmatizan y reducen. Hay un vacío estatal que es necesario llenar con derechos y visibilización.
En Argentina, las mujeres trans y travestis tienen un promedio de vida de 35 años. Hasta el día de hoy, no existen datos oficiales sobre travesticidios y transfemicidios que suceden a lo largo y ancho del país. En las cifras del informe del 2019 de la Oficina de la mujer, figuran sólo 5 casos de travesticidios. Sin embargo, distintas organizaciones llevan otro conteo, donde 62 travesticidios fueron por abandono estatal, ya que históricamente las mujeres trans y travestis no tienen acceso a los derechos básicos y universales.
En lo que respecta a lo laboral, más del 90% de las travas y trans en Argentina no tienen trabajos registrados, y la mayoría asegura que es por discriminación a su identidad. Según el informe desarrollado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo para la Diversidad (COPADI) y el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) entre otros, 6 de cada 10 de las mujeres travestis-trans terminan ejerciendo la prostitución como única alternativa. Al no conseguir un ingreso económico en un marco legal, hacen lo que pueden para subsistir en la calle y carecen absolutamente de derechos laborales.
En el ámbito de la salud, 3 de cada 10 presentan historias clínicas de abandono de tratamientos médicos por discriminación. Por el mismo factor, 5 de cada 10 dejaron de ir a los hospitales. Se estima que el 80% de la población travesti-trans no tiene acceso a una obra social. Y con respecto a la educación, según el mismo informe: “Entre la población trans mayor de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres habían abandonado la escuela en el nivel secundario a causa de la discriminación.”
Hace dos años, en junio de 2018, sucedió un fallo inédito e histórico en términos de derechos humanos: la Justicia argentina utilizó por primera vez el término “travesticidio” en sus expedientes. Se trataba del asesinato de Amancay Diana Sacayán, de 39 años, ocurrido el 11 de octubre de 2015, en manos de Gabriel David Marino que con 25 años fue condenado a prisión perpetua por realizar un crimen de odio a la identidad de género.
A lo largo de 12 audiencias el tribunal escuchó como testigas a una gran cantidad de travestis y trans. Por primera vez llegaron a la Justicia los relatos de uno de los colectivos más marginados y estigmatizados, que históricamente sólo era visto desde un lugar de acusación.
El día de la sentencia final recorría en los cuerpos presentes una angustia muy grande, que recordaba a viva voz que faltaba Diana, y a la vez, una alegría, una esperanza de que algo había cambiado, que un derecho se profundizaba y se hacía presente. Parece contradictorio pensar que para muchos colectivos la conquista de derechos va acompañado indefectiblemente de la pérdida de cuerpos, de personas, de historias de vida que todavía tenían mucho camino por recorrer.
Entonces, ¿cómo no va a existir un travesticidio si no es a través de todo este abandono, estigma y odio social? A cinco años del primer Ni Una Menos, donde se logró que socialmente se entienda al femicidio como la manifestación más extrema de un montón de micro-situaciones que se dan cotidianamente por una violencia estructural, afirmamos que con los travesticidios y transfemicidios pasa exactamente lo mismo.
Su realidad está constantemente atravesada por micro-trans odios que afectan muy fuertemente su calidad de vida, que no se manifiestan solamente en hechos violentos sino también simbólicamente en múltiples ámbitos sociales. Expulsarlas de los hospitales, de los colegios y de los trabajos formales es no garantizar su supervivencia.
La cotidianidad se hace cada vez más difícil, la pandemia agrava las desigualdades pero la lucha continúa. Sin visibilidad no hay igualdad, sin derechos no hay vida. La responsabilidad es del Estado y también de toda la sociedad.
*Integrantes de BARDO – Colectivo Contracultural
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