Batalla de Ideas

22 junio, 2020

La intervención de Vicentin: ¿definición por penales o muerte súbita?

Durante las últimas dos semanas, la intervención y expropiación estatal de la firma Vicentin ha sido la noticia central de los principales medios de comunicación del país. La situación de la compañía santafesina ha trascendido el mundo de los agronegocios y el ámbito de los debates agrarios, y hoy está en boca de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. “Populistas” vs “liberales”, “expropiación” vs “propiedad privada”, las tribunas se agitan ante una medida que tomó por sorpresa a propios y ajenos, y que reaviva viejos e irresueltos debates sobre cuál debería ser el modelo productivo de nuestro país.

Patricio Vértiz*

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Si bien se trata de una de las principales compañías agroexportadoras del país, la firma Vicentin irrumpió en la agenda pública recién hacia fines del año pasado, luego de declararse en cesación de pagos. Unos meses antes el repentino anuncio de un “estrés” financiero -y la suspensión de los pagos al banco Nación- ya adelantaba un panorama complicado para la compañía santafesina que se cristalizaría unos días antes del traspaso de la banda presidencial.

La noticia puso en alerta al mundo de los negocios agrarios, y despertó el interés de más de uno de los grandes grupos que participan del comercio exterior de granos. En febrero de este año, finalmente se presenta a concurso preventivo de acreedores, el paso previo a declarar la quiebra.

La magnitud de la deuda, que asciende a $99.345 millones, implica una cifra difícil de imaginar, más aún en un rubro como el comercio exterior de granos, aceites y derivados, que ha sido uno de los sectores de mayor rentabilidad de la economía nacional desde inicios del siglo XXI. Asimismo, tomando en cuenta la situación particular de la compañía su nivel de facturación en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, pasando de ocupar el puesto 19 en el ranking de empresas de mayor facturación del país en el 2015 a la 6° ubicación en 2019, con un monto de 4.255 millones de dólares.

¿Cómo es posible que una empresa ubicada en uno de los sectores más rentables de la economía y con un comportamiento tan auspicioso pueda caer en cesación de pagos de la noche a la mañana? Prácticamente la única respuesta posible es que se trata de un fraude y una estafa escandalosa, digna de verdaderos especialistas en la materia. De la cual los directivos de la firma, Gustavo Nardelli y Alberto Padoán y el titular del Banco Nación durante la gestión anterior Javier González Fraga, deberán dar explicaciones ante la justicia.

Con el correr de los días han salido a la luz una serie de maniobras y triangulaciones que Vicentin S.A.I.C. realizaba con otras firmas subsidiarias y empresas offshore, pertenecientes al mismo grupo económico pero ubicadas en otros países, es decir bajo jurisdicción extranjera. Esto no sólo le habría permitido encubrir precios de transferencia para reducir utilidades y los tributos correspondientes como el impuesto a las ganancias, sino también evadir ciertos gravámenes específicos de nuestro país como los derechos de exportación, al declarar en otros países (Uruguay, Paraguay) una parte de la producción nacional, potenciando el proceso de fuga de divisas.

Entre los más de 2600 acreedores involucrados, por un lado se encuentra una diversidad de agentes productivos como productores agropecuarios, cooperativas, acopiadores, etcétera, que entregaron su producción a la firma santafesina y no recibieron un solo peso, en este caso la deuda supera los $25.000 millones. Y por el otro, los agentes financieros de capital nacional y extranjero. Con los primeros se acumula una deuda de $20.000 millones, siendo el caso paradigmático el del Banco Nación, que con un monto superior a los $18.000 millones representa el principal acreedor de todo el listado.

En cuanto al segundo grupo, la banca extranjera, la suma adeudada alcanza los $45.000 millones, e incluye a verdaderos pesos pesados en el mundo de las finanzas globales como la Corporación Financiera Internacional, que integra el Banco Mundial, y otros bancos importantes como el ING Bank filial Tokio, Rabobank, de Utrecht, entre otros. Estas entidades financieras conformaron un comité de bancos acreedores para accionar contra Vicentin S.A.I.C. en tribunales extranjeros por incumplimiento de contratos internacionales.

La intervención estatal: “Nos sobran los motivos”

Ante este panorama el gobierno nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia decidió que el Estado intervenga en el gerenciamiento y la administración de la firma Vicentin S.A.I.C. por un plazo de 60 días, y propone enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare a la empresa de utilidad pública y su posterior expropiación.

Pese a las argumentaciones de algunos sectores vinculados a las principales cámaras y asociaciones del gran empresariado y los medios de comunicación hegemónicos, la medida no avanza en la expropiación de una compañía cualquiera, sino justamente sobre una firma que transita por un cuadro sumamente delicado en términos financieros y que después de haber entrado en cesación de pagos, estafando a miles de productores, cooperativas, bancos públicos y privados, se dirige irremediablemente a la quiebra.

En ese sentido, la decisión estatal estaría ampliamente justificada en primer lugar en pos de preservar los más de 7 mil puestos de trabajo que dependen del grupo, de allí que la Federación de trabajadores aceiteros haya apoyado de manera decidida la medida. Además del procesamiento y comercio exterior de granos, aceites y derivados, Vicentin participa en otras áreas de negocios como la industria algodonera, la industria vitivinícola, el sector de la carne y la exportación de miel. Por ello, los puestos de trabajo comprometidos no son sólo los vinculados directamente a las plantas aceiteras. En segundo lugar, preservar los activos y el patrimonio de la firma, ya que la delicada situación que atraviesa la compañía llevaría a pensar que corre serios riesgos de vaciamiento.

En ese sentido, resulta muy ilustrativa la venta del 16,67% del paquete accionario de la compañía Renova realizada por Vicentin Paraguay SA a Oleaginosas Moreno, firma controlada por la corporación suiza Glencore, el 2 de diciembre de 2019, sólo tres días antes de declararse en cesación de pagos.  Tras esta operación el grupo suizo pasó a controlar el 50% de Renova, empresa que ahora comparten en partes iguales ambos grupos. Para la muestra basta un botón.

En tercer lugar, Vicentin es una de las principales empresas del oligopolio vinculado a la exportación agroindustrial, donde apenas un puñado de firmas controla uno de los sectores más pujantes del país en términos económicos. Según información del INDEC durante el año 2019 la República Argentina despachó al exterior en concepto de granos, aceites y subproductos un valor superior a los 28.900 millones de dólares, el 44,5% de las exportaciones totales del país. Las primeras cuatro firmas del ranking (Cofco, Cargill, A.D.M. y Bunge), todas de capital transnacional, concentraron casi la mitad de las exportaciones (48%), mientras que las diez primeras compañías controlaron el 91% del volumen total exportado.

Durante ese período la firma Vicentin S.A.I.C. ocupó el 6° lugar del ranking controlando el 9% del total de exportaciones del sector. De esta manera, su expropiación y control estatal implicaría una medida defensiva en pos de atenuar el proceso de concentración y extranjerización del capital en un rubro clave para la economía nacional. De hecho los interesados en la adquisición del grupo no eran precisamente las organizaciones de la pequeña agricultura familiar, las cooperativas agrícolas que nuclean a pequeños y medianos chacareros, ni trabajadores/as organizados/as para establecer una empresa recuperada, sino algunas de las corporaciones que dominan el comercio internacional de granos como Dreyfus, Cargill o Glencore. Asimismo, dentro de los interesados también había propuestas mixtas conformadas por capitales locales y fondos de inversión, que no necesariamente resultarían progresivas para el desarrollo nacional.

La posibilidad de contar con una empresa testigo en el comercio exterior de granos le permitiría al Estado nacional sentarse en la mesa con los grandes capitanes del oligopolio agroexportador, tener información de primera mano sobre la modalidad de funcionamiento de las operaciones del sector, y en particular de las maniobras y triangulaciones mediante las cuales algunas de las firmas logran sortear los controles impositivos. Asimismo, permitiría intervenir en el mercado de cambios, mediante la liquidación de divisas, que ha sido uno de los problemas más acuciantes para la economía nacional durante los últimos años. Por último, podría apropiarse de una parte de la renta agraria para ser utilizada en pos de otras prioridades.

Las reacciones que no se hicieron esperar

Prácticamente al minuto de conocerse la noticia, términos como “Argenzuela”, “autoritarismo”, “populismo” comenzaron a inundar redes sociales, portales de internet, radios y canales de televisión. Las clases dominantes tienen un gran sentido del olfato, una política coordinada y de solidaridad de clase. Más allá de la medida puntual, saben que si el resultado fuese satisfactorio podría sentar un precedente para otras iniciativas de este tipo. Más aún, cuando la crisis internacional profundizada por la pandemia del Covid-19, sacudió buena parte del ideario neoliberal y permitió reinstalar una serie de “viejas ideas” que al menos en nuestro país desde hace décadas sólo afloraban en alguna que otra discusión en los ámbitos de las izquierdas.

Además de activar el poder mediático, las organizaciones del gran empresariado salieron a marcar la cancha. Así es como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia Empresarial, la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a la mayoría de las entidades del sector agroindustrial, unificaron posiciones detrás de la defensa de la propiedad privada condenando de manera tajante el DNU presidencial. Es que la medida trastoca uno de los resortes fundamentales de la economía nacional, no es una iniciativa cualquiera, estamos hablando del sector que genera el mayor ingreso de divisas al país. En ese sentido, era de esperarse que los dueños de la pelota no se quedasen mirando el partido de brazos cruzados.

Como era de preverse, los sectores dominantes también intentaron movilizar a sus bases mediante la organización de algunas iniciativas de repudio a la intervención. Más allá de una nutrida convocatoria en la localidad santafesina de Avellaneda, sede central del feudo de los Vicentin, en el resto del país las iniciativas fueron absolutamente testimoniales -aglutinando al público habitual de los anticuarentena y algún que otro “libertario” desorientado de las huestes de Javier Milei o José Luis Espert- hasta el último sábado, en que finalmente lograron movilizar a parte de su tropa en diferentes puntos del país.

¿Implica un avance en términos de soberanía alimentaria?

No caben demasiadas dudas en el hecho de que la participación del Estado en el sector agroexportador implicaría un avance en términos de soberanía económica y política, sin embargo respecto a la cuestión de la soberanía alimentaria surgen algunos interrogantes. Partiendo de que el término soberanía alimentaria a grandes rasgos se refiere al derecho de los pueblos a tomar las decisiones fundamentales sobre la producción y el consumo de alimentos (qué producir, cómo producir y para quiénes), queda claro que la medida es insuficiente. Sin embargo, de acuerdo a dicha definición alcanzar la soberanía alimentaria requeriría discutir las condiciones de producción de los alimentos, su distribución y el control de los medios de producción, entre otros; en definitiva implicaría una serie de reformas estructurales únicamente posibles en el marco de un proceso revolucionario. Por ello, difícilmente una medida aislada pueda llegar a resolver de forma definitiva la cuestión.

Dicho esto, aunque el Estado se hiciera cargo de la administración de la firma Vicentin S.AI.C. para mantener las operaciones actuales, eso no implicaría necesariamente un retroceso en término de la soberanía alimentaria. Ya que a partir del ingreso y el control de divisas se podría impulsar y financiar nodos de producción alternativa en transición hacia la agroecología, el desarrollo de innovaciones tecnológicas para dichos sistemas productivos, circuitos cortos de comercialización, desarrollar la producción pública de agroinsumos (fertilizantes, semillas, etc.) para abaratar los costos de producción, y un largo etcétera que serían pasos fundamentales y necesarios hacia la soberanía alimentaria.

Asimismo, la firma bajo control estatal podría mejorar las condiciones de financiamiento para los/as productores/as que le remiten su producción e incluso respecto al precio que perciben por los granos entregados. Por otro lado también se podría intervenir indirectamente en el precio de algunos alimentos del mercado interno en los cuales el grupo ya tiene desarrollo (industria aceitera, frigorífica, vitivinícola, etc.).

Por ello esta medida implica la posibilidad de dar un pequeño (pero fundamental) avance en términos de la soberanía económica y política de nuestro país, que dependiendo del tipo de proyecto de empresa estatal que se impulse y fundamentalmente cómo se materialice en la práctica, podrá implicar avances concretos en la búsqueda de la soberanía alimentaria.

Algunos interrogantes: ¿expropiación sí o no?

Finalmente, luego de días muy intensos plagados de informaciones cruzadas, operaciones mediáticas y disputas judiciales, la propuesta de la expropiación se puso en duda. Omar Perotti, el gobernador santafesino, acercó este viernes una propuesta a Alberto Fernández para intentar el rescate de la firma en el marco del concurso, sin la necesidad de recurrir a la expropiación. Se habla de empresa “nacional mixta”, con participación de productores y cooperativas.

Por otro lado, un conjunto heterogéneo de sectores apoyan la expropiación de la totalidad del grupo Vicentin -incluyendo todas sus actividades y no sólo las vinculadas a la firma Vicentin S.A.I.C.- y la conformación de una empresa pública no estatal con participación en la gestión de las organizaciones de la agricultura familiar, las cooperativas de pequeños y medianos productores, y los/as trabajadores/as vinculados/as al sector agroindustrial. Asimismo plantean la necesidad de ir a fondo con la investigación de los hechos de corrupción públicos y privados alrededor del caso.

Como siempre el resultado dependerá en buena medida de la correlación de fuerzas de los diferentes sectores en pugna, tanto aquellos ubicados en la oposición al gobierno nacional, como también al interior del Frente de Todos. Por el momento ante la movilización opositora no ha habido una reacción de las fuerzas sociales propias. Veremos cómo se desarrollan los hechos en esta película que parece tener aún un final abierto.

*Ingeniero Agrónomo, Doctor en Cs. Sociales; FCAyF-UNLP; integrante del Colectivo Crisis Socioambiental – Instituto Tricontinental de Investigación Social

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