Batalla de Ideas

5 julio, 2020

Ahora somos todos garantistas

Juntos por el Cambio reclama garantías ante el avance de la investigación por supuesto espionaje ilegal. Juez imparcial, derecho a defensa, presunción de inocencia, el combo básico vedado a los opositores durante sus años de gobierno.

Federico Dalponte

@fdalponte

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“Lo primero que tenemos que defender nosotros es el debido proceso”, dijo la semana pasada el diputado Waldo Wolff, del PRO, justo después de descubrir las consecuencias de los procesos indebidos. Se trata, como siempre, de clamar por garantías cuando uno ya perdió el poder.

El antiperonismo furibundo, en versión política o mediática, clamó durante años por un juicio contra Cristina Kirchner, y gritaban por justicia cuando en realidad querían detención. Así, sin más, detención: encerrar a una adversaria para verla humillada, abatida, reducida a la nada.

Por eso también la sobreactuación ante cada paso procesal: una citación  debatida por quince panelistas, una indagatoria transmitida casi por cadena nacional, una audiencia con fotos y detalles escabrosos. Y entre tanto, pocos recordaban la presunción constitucional de la inocencia.

Ejemplo de lo más bajo: la detención fotografiada de Amado Boudou, en el living de su casa, acompañado por dos policías que posaban para las cámaras. “¡Viva la república!”, celebró entonces Elisa Carrió, minutos después de conocida la noticia, pese a que el ex vicepresidente no tenía ni siquiera condena de primera instancia.

“¿Para cuándo Echegaray procesado?”, agregó Laura Alonso, subiendo la apuesta con poca modestia. Y la respuesta, por supuesto, le llegó pronto: cinco meses después de aquel reclamo, Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, era procesado por supuesto contrabando, delito por el cual sería absuelto dos años más tarde.

Pero a nadie le importa una absolución. Carlos Zannini, por caso, estuvo casi cuatro meses preso sin condena, por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el memorándum con Irán. Algo similar a lo ocurrido en el caso del ex canciller Héctor Timerman, a instancias del mismo juez, pero con un final dolorosamente trágico.

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Reiterar lo obvio: las garantías penales están previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. No existe, pues, el garantismo. O dicho de otra forma: reclamar el fin del garantismo equivale a violentar la Constitución y jactarse de no ser garantista denota no haberla leído ni de lejos.

Ni Juan, ni María, ni José, ni Susana, ni Carlos Zannini deberían estar presos sin condena firme. Si cualquiera de ellos lo estuvo, está mal y merece el repudio generalizado. Lo mismo para el 60% de los detenidos que hoy siguen presos sin condena. El problema, claro, es cuando nos empieza a parecer mal la detención arbitraria de María pero no la de José, o viceversa, y aplicamos esas varas antojadizas.

Es notable, por ejemplo, el caso de Susana Martinengo, ex funcionaria de Mauricio Macri, quien se encuentra detenida en su domicilio, acusada de haber participado de una red de espionaje ilegal. Porque la política, en estos casos, también es mala consejera. Ni el odio más honesto contra el macrismo permite explicar cuáles son las chances reales de que Martinengo se fugue o entorpezca la investigación.

Y si tales chances son pocas o nulas, entonces su detención es arbitraria, como lo fueron antes la de Zannini y la de Timerman. No alcanza, por supuesto, con decir que la doctrina Irurzun tal cosa, o la doctrina Irurzun tal otra.

El juez Martín Irurzun, de la Cámara Federal, se hizo famoso por escribir sandeces en un fallo. Los ex funcionarios –dijo Irurzun– gozan de un poder residual que les permite entorpecer las investigaciones en su contra, y por tanto su detención preventiva está justificada.

Las sandeces en los fallos judiciales abundan; las hubo antes y las seguirá habiendo. Lo nocivo no fue eso, sino la amplificación de su premisa bestial. Como una mancha de aceite, las detenciones preventivas se extendieron, ahora justificadas por cierta doctrina novedosa. Hasta que, naturalmente, los que las promovían entonces pasaron a ser oposición.

Hasta al momento –y en lista no taxativa– se encuentran imputados o procesados los ex funcionarios macristas Juan José Aranguren, Laura Alonso, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, además del propio Mauricio Macri.

A ellas y a ellos, resulta evidente, se les podría aplicar el criterio del juez Irurzun para que no entorpezcan las investigaciones abiertas en su contra. Por suerte, vale decir, estos tiempos son más garantistas que los anteriores. “Que alguien esté imputado no significa que sea culpable, esperemos a ver qué sucede en el desarrollo de la causa, no seamos ellos”, repite Graciana Peñafort, del Frente de Todos y directora de asuntos jurídicos del Senado.

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“Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva”, declaró hace dos años el entonces ministro de Justicia Germán Garavano. “No es una herramienta buena, sobre todo cuando son prolongadas, y acá se hizo un abuso”, agregó, sensato. Días después, la diputada Carrió –insensata– presentó un pedido de juicio político en su contra.

Jugar con fuego no le sirve a nadie, aunque Carrió piense lo contrario. Los pedidos de prisión a mansalva constituyen, en los hechos, un reclamo de injusticia, una deliberada presión para investigar mal, investigar poco, pero detener igual. Promoción válida para Mauricio Macri y para Cristina Kirchner.

En ese sentido, las investigaciones por presunto espionaje ilegal abren las puertas para construir un país –llamésmole– más justo. Pero para ello habría que investigar bien, como la Constitución manda: con la posibilidad para los imputados de ser oídos, de presentar prueba, presumiendo su inocencia y sabiendo que, en caso de duda, cabrá la absolución.

En ese marco, el apartamiento del juez Federico Villena parece sensato. Si un imputado no se fía de la imparcialidad de un juez, el sistema debe garantizar un suplente capaz de reemplazarlo. Y enhorabuena; aunque esa misma garantía de juez imparcial se le debió haber respetado a Cristina Kirchner las mil veces que recusó a Claudio Bonadio –enemigo confeso–, sin que nadie hiciera lugar a su planteo.

En definitiva, el pus emergente de la Agencia Federal de Inteligencia, con el patrocinio generoso de Gustavo Arribas, validará ahora el proyecto de reforma de la justicia federal. El contexto parece ideal para un acuerdo social de envergadura, para desarmar todo espionaje ilegal y todo desmanejo judicial.

Aunque para ello, claro, será preciso hallar el punto medio de la sensatez. Difícilmente aporten algo quienes crean que Macri debe estar preso sin condena o que Cristina Kirchner es una homicida. Ese nivel de locura obtura cualquier debate, cualquier reforma. Y ese nivel de locura nos trajo hasta acá.

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