Educación y Ciencia

1 agosto, 2020

No fue un accidente, fue negligencia y ajuste

Hace dos años, en una escuela de Moreno, la explosión de una garrafa les costó la vida a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez.

Alicia García Tuñón

@AliGarciaTunon

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Esa fría mañana del 2 de agosto Sandra, la vicedirectora, había concurrido a la escuela media hora antes para preparar el mate cocido y recibir a les pibes con algo caliente. Rubén, el auxiliar, ayudaba con la tarea. Faltaban unos minutos para el ingreso de les alumnes cuando se produjo una explosión que terminó con la vida de ambos.

Las autoridades de la escuela primaria Nº 49 de Moreno venían pidiendo la intervención del municipio y de la gobernación porque los problemas con los escapes de gas eran cotidianos.

¿Quiénes eran Sandra y Rubén?

“Eran muy solidarios. Siempre pensaban en los demás, en qué te podían ayudar. Sandra era una mujer que sabía el nombre, apellido y la historia de cada alumno. Rubén hacía treinta años que trabaja en la escuela y ayudaba a una familia por fuera del trabajo”, describió Hernán, un docente de la escuela. Eran militantes de la educación pública, del barrio.

“Ella estaba en la escuela hasta los sábados porque había armado un programa de puertas abiertas. Los chicos venían a hacer de todo, les enseñaban a cocinar y otras actividades. Hasta teatro. Todos mis hijos vinieron, el más chiquito está en tercero y le encantaba venir”, le contó a Infobae María, una vecina que vive a una cuadra de la escuela.

Rubén había hecho toda su primaria en la escuela 49 y trabajó como auxiliar por más de 15 años. “Pasó prácticamente toda su vida adentro de la 49″, contaron sus compañeros.

El ajuste de la educación pública

Esta explosión puso en evidencia los graves problemas de infraestructura que sufrían las escuelas del partido y de la provincia en general. Estos problemas no eran nuevos, pero se fueron agudizando con la gestión de María Eugenia Vidal en la gobernación.

Según datos de comienzos del 2019, casi el 50% de las escuelas tenía “necesidades generales de mantenimiento”, el 35% problemas en los techos, como filtraciones y roturas; el 19% tenía problemas sanitarios; al 21% le faltan aulas o edificios; el 12% denunció problemas eléctricos; casi el 7% mostraba obras paradas; el 12% tenía faltante de gas y el 52 % mobiliario faltante.

La inversión educativa en la provincia cayó 27% entre 2016 y 2019, mientras que el gasto de la deuda se duplicó. En este período hubo una escasa inversión en infraestructura y en recursos pedagógicos. La mayoría del gasto se destinó al aumento de la matrícula que venía en ascenso desde la aprobación de la Ley Nacional de Educación, y la obligatoriedad del nivel medio y de las salas de 4 y 5 años del nivel inicial. Se cerraron 40 escuelas, se ampliaron las fusiones de cursos, se incrementó la población de cada aula, empeorando las condiciones de enseñanza-aprendizaje y las laborales. Además, se afectó negativamente el programa de Servicio Alimentario Escolar (SAE), disminuyendo los cupos de comedor y su calidad. Al mismo tiempo, se aumentó la auto explotación laboral orientada a compensar las pérdidas por inflación (en 2018 se recompuso un 32% el salario frente a 47,6% de inflación anual)

Este es el contexto en el que se produjo la explosión de gas. Esa vez fueron Sandra y Rubén, pero podrían haber sido otras Sandras, otros Rubenes, y también nuestros pibes y pibas que estaban por ingresar a la escuela.

Al día siguiente de la explosión, el ahora refugiado en Francia Mauricio Macri habló de “problemita de gas” con total  desaprensión por las dos muertes. Vidal, después de días sin aparecer, lanzó tres hipótesis que investigaría la justicia: el gasista actuó mal, una imprudencia de la escuela o un sabotaje, pero jamás reconoció que la responsabilidad la tenía la gestión educativa y política de la provincia.

Vidal ya nos tenía acostumbrades a desentenderse de la educación provincial y, sobre todo, a un enfrentamiento explícito no sólo con los sindicatos docentes a los que eligió como su principal objeto de persecución, sino a la educación pública a la que acceden los sectores populares y más vulnerados de la provincia.

En 2017, ante el anuncio del paro del 6 y 7 de marzo por la anulación de la paritaria nacional, amenazó con convocar a voluntarios para reemplazar a les docentes.

El 31 de mayo de 2018, en un almuerzo en el Rotary Club de Bs As, la Gobernadora Vidal se preguntaba si “es equidad que hayamos poblado la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”.

El responsable de la cartera educativa cuando se produjo la explosión era  Gabriel Sánchez Zinny. El entonces Director General de Escuelas abrió las puertas a capitales privados para que hicieran su negocio. Multinacionales como Toyota y Coca-Cola, pero también ONGs vinculadas a esos mismos esquemas de negocios, financiaron y ejecutaron programas de estudios, dictaron cursos de “liderazgo” y capacitaciones por cifras millonarias.

Cuando Vidal perdió la provincia por paliza, muchos de sus funcionarios se refugiaron en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Sánchez Zinny, actual encargado de los operativos de evaluación y de las pruebas estandarizadas que se toman en la ciudad. Hace unos días se lo nombraba como el posible director del área de educación en el BID. Esperemos que revisen sus antecedentes antes de designarlo, pues tiene en “su CV” la responsabilidad por la muerte de Sandra y Rubén.

Después de dos años, los únicos imputados son el gasista por homicidio culposo y las autoridades del Consejo Escolar por incumplimiento de deberes de funcionario público. El Juez de la causa Gabriel Castro, del Juzgado de Garantías Nº 2 de Moreno, declaró que “la calificación con la que la fiscal elevó a juicio oral a los imputados es muy suave,  los miembros del consejo deberían ser investigados por homicidio”, también le volvió a solicitarle a la fiscal Gabriela Urrutia que explore la cadena de responsabilidades “hacia arriba”.

Lo ocurrido en la escuela de Moreno no fue un accidente. Fue negligencia y responsabilidad por el ajuste del gobierno de María Eugenia Vidal.

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