Géneros

7 agosto, 2020

La reforma judicial será feminista o no será

El último jueves, durante la emisión del informativo La Tarde por el Canal C5N, les periodistas Julián Guarino y Lucila Trujillo entrevistaron al aire al fiscal de Cutral Có, Santiago Terán. Éste había resultado sumariado por el Ministerio Público neuquino por haber dicho en una radio local que las mujeres en situación de violencia debían armarse para defenderse de los femicidios.

Guadalupe Santana y Santiago Bargiela*

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Desde el comienzo del reportaje en el canal de noticias, el fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, se mostró agresivo, particularmente con la periodista. Increpó a Lucila Trujillo, conductora, con preguntas personales: “¿Vos estás casada? Imaginate que el tipo con el que estás es un violento y la única oportunidad que tenés para salvarte es un arma, la usás o no la usás?”. Como Trujillo se resistió a contestar, Terán se fue poniendo cada vez más agresivo: “Contestá ¿tu vida o la vida de él?”, “Sé sincera con vos misma querida, y respondé. Conmigo no te vengás a hacer la torita”.

Es destacable la actitud de la periodista quien a pesar del violento intento de intimidación, contestó lo que el movimiento feminista viene señalando hace tiempo: la responsabilidad por la violencia machista no es de las mujeres sino de la sociedad y el Estado. 

Más adelante, el fiscal hizo mención a la legítima defensa en una situación de robo en el propio domicilio, como si la violencia de género y la delincuencia fueran situaciones asimilables y promoviendo, como respuesta, el armamentismo y la justicia por mano propia, declaración por demás preocupante viniendo de un funcionario judicial.  

Por último, ante la pregunta de la conductora acerca de si el fiscal había asistido a las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, Terán contestó que sí, “hace cuatro años”, cuando la Ley fue sancionada el año pasado. De este modo terminó de quedar demostrado, por si hacía falta, el absoluto desconocimiento por parte del fiscal de qué es la Ley Micaela.

De este modo, Terán puso en evidencia, de manera descarada, el carácter machista y patriarcal del Poder Judicial y al mismo tiempo, la operación de captura que la demagogia punitivista viene intentando hacer de la fundada crítica del feminismo. 

Tal como señaló la periodista en su cuenta de Twitter, unos minutos más tarde, genera pavor pensar el trato que este hombre podría dispensarle a una mujer violentada que intenta acceder al servicio de justicia, y hasta resulta inverosímil que decida sobre los destinos de la ciudadanía neuquina. 

Como suele suceder en estos casos, la violencia se expresa en todas las dimensiones: no sólo con la ciudadanía que intenta acceder al poder judicial, tarea de por sí difícil, sino también con les trabajadores judiciales que están bajo sus órdenes directas, de manera cotidiana.

Enrique Esperón, Secretario Adjunto del Sindicato de Empleades Judiciales de Neuquén en diálogo con Notas, señaló que el comportamiento de Terán no es novedad para les cutralquenses y menos aún para les judiciales. 

El sindicato lo denunció recientemente por hechos de violencia de género en el trabajo contra cuatro trabajadoras. Sobre una de ellas, además, ejerció violencia física en represalia a la denuncia presentada por el sindicato. Esperón destaca la valentía de estas compañeras que decidieron denunciarlo, ya que se trata de un personaje con mucho poder local. 

El dirigente gremial también remarcó que Terán cuenta ya con dieciocho informaciones sumarias pendientes pero el Ministerio Público provincial lo protege y le garantiza impunidad y por ello, hasta ahora han evitado la apertura del jury de enjuiciamiento. Resulta que el fiscal está a pocos meses de tener la edad suficiente para jubilarse y una de las consecuencias de la destitución del cargo de magistrade, es la pérdida de la jubilación de privilegio y el “código” de la corporación judicial indica que “es sagrada”. Sin embargo, debido a la trascendencia mediática de los hechos de ayer, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, anunció esta mañana que finalmente pedirá la apertura de un jurado de enjuiciamiento para evaluar su destitución.

El problema, entonces, no es solamente Terán sino la trama de complicidades que caracteriza a un poder judicial machista que se resiste a dejarse permear por los cambios, en este caso, por una poderosa marea feminista que llegó para quedarse y cambiarlo todo: por ejemplo, para señalar que no es posible que personas como Terán sean fiscales y ostenten el poder de decidir sobre la vida de otres sin acompañarlo de la responsabilidad de formarse sobre las problemáticas que aquejan a la ciudadanía de manera seria y profunda. No podemos esperar a que sólo cuando estos comportamientos trascienden mediáticamente, se les observe. La evaluación del desempeño de les funcionaries y magistrades que integran  el Poder Judicial debe continua y desde su ingreso al cargo.

Terán no es sólo un machista y un misógino, también es peligroso para la sociedad porque desde su lugar de poder envía un mensaje demagógico y punitivista que no sólo no ofrece solución alguna sino que alienta la utilización de una figura jurídica de excepción. La legítima defensa no es una salida promovida por la ley sino un supuesto de inimputabilidad contemplado para casos particulares. Es inaceptable que un fiscal la describa como una “buena solución” ante la gran cantidad de femicidios.

Desconoce, paradójicamente, que hasta la figura de la legítima defensa también es problemática para las mujeres, las lesbianas, travestis y trans. Cuando nos defendemos de la agresión machista y no podemos demostrar que somos la “buena víctima”, pasiva, subordinada e impotente, pasamos a ser las acusadas. Basta mencionar el caso de Higui, presa por defenderse de un ataque “correctivo” por parte de un grupo de varones y quien aún espera por su absolución. 

El miércoles pasado, Alberto Fernández presentó un proyecto de reforma judicial y la creación de un Consejo Consultivo para la elaboración de informes y nuevas propuestas. Más allá de los alcances reales que el proyecto implica, se ha abierto un contexto más que propicio para que estos cuestionamientos que el feminismo viene señalando hace muchos años pero masivamente desde el primer Ni una Menos, en 2015, sean asumidos en una transformación real y estructural del sistema judicial. La Ley Micaela fue el primer paso pero todavía falta, y mucho. Por eso, es necesario meter quinta a fondo: el momento es ahora más que nunca. 

*Integrantes del equipo de justicia de Vamos.

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