Géneros

13 septiembre, 2020

Hacia una reforma judicial feminista, popular y democrática (II)

Desde las colectivas Mala Junta (Vamos – Frente Patria Grande) y Atrapamuros lanzaron una campaña nacional por una reforma judicial feminista, en el marco del debate abierto por el proyecto de reorganización del fuero federal que presentó Alberto Fernández en el Congreso, para plantear los problemas del Poder Judicial que se vienen señalando desde el feminismo popular así como también propuestas que le disputen a la mirada punitivista.

Con el fin de ampliar los elementos ya abordados, entrevistamos a quienes desde su militancia cotidiana han aportado a repensar la reforma judicial con perspectiva feminista ya que resulta importante reponer las miradas que surgen de la praxis política. Con ese objetivo, Notas dialogó con Rocío Liébana, militante de la Colectiva Feminista Mala Junta y representante de Linea Violeta en Tandil. 

¿Qué es Línea Violeta?

En equipos interdisciplinarios con compromiso militante que acompañan las diferentes situaciones de Violencia por Motivos de Género, es decir tanto las violencias hacia las mujeres como hacia el colectivo LGBTTI+. El dispositivo funciona en varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires y en otras ciudades capitales como CABA, Rosario,Santiago del Estero, entre otras.

¿Cómo piensan desde sus abordajes al Poder Judicial?

Podríamos decir que nuestro acompañamiento feminista frente a la Violencia por Motivos de Género, se produce en varios planos, ya que apuntamos a un abordaje integral. Primero, en lo que respecta a cómo creemos se hace justicia frente a ello principalmente tenemos dos aristas: el proceso judicial propiamente dicho y el de justicia reparatoria feminista, concepto que no es unívoco y que nosotras intentamos que se configure en cada acompañamiento. Es decir, al reconocer que lo que nos pasa no tiener que ver con una responsabilidad nuestra, sino que se explica en lo que denominamos sistema hetero-cis-patriarcal. No es que salgamos a dar una clase en ese momento  de acompañamiento sino que subyace a nuestra escucha, a nuestro diálogo estos elementos explicativos. Nosotras decimos que “el feminismo nos salva” y a eso intentamos ponerle cuerpo para que, en el mar de injusticia que a veces acontece, nos reconozcamos como personas con agencia, con posibilidad de reinterpretar lo que nos pasó, de poder accionar para empezar un proceso de justicia, y también para reconocer qué posibilidades tenemos y sobre todo, qué limitaciones. Ahí, volvemos a la otra arista que es el proceso judicial, que casi siempre es lento, inaccesible, con lenguajes arcaicos, frío, y muchas veces poco reparatorio.

Entonces, frente a esta caracterización ¿sugieren a las personas que intenten la vía judicial o no?

Nosotras jamás vamos a decir qué es lo que debe hacer la persona, trabajamos con y desde su consentimiento, sólo que intentamos, fundamentalmente desde el aporte de abogades feministas, traducir lo que muchas veces se presenta como inentendible e inaccesible por estos elementos que antes nombraba. Muchas veces la persona transita por primera vez esas instituciones en un momento donde psicológicamente y emocionalmente está muy atravesada por la situación vivida. 

¿Qué debería modificarse del poder judicial para revertir esta situación?

Una modificación real e integral del sistema judicial de nuestro país tiene que apuntar necesariamente a generar una mayor democratización, empezando por su accesibilidad. Debe recuperar los cuestionamientos profundos que se vienen haciendo desde el feminismo,tanto en las calles como en la academia, en torno a su carácter misógino, machista y patriarcal. Elementos que hasta ahora, la propuesta presentada por el gobierno incorpora de modo muy tangencial en lo que hace a la selección de magistrades. 

A raíz del debate público se han escuchado algunas apreciaciones sobre la revictimización que se genera en las instituciones, en especial en el sistema de justicia ¿Qué piensan al respecto?

Claro, no es algo propio de la justicia, lamentablemente se dan procesos revictimizadores en el conjunto de instituciones que abordan de forma directa o indirecta la Violencia por Motivos de Género. Por eso, entendemos la Ley Micaela es un primer intento centralizado de desandar este conjunto de patrones y estereotipos de género que se traducen en malos tratos, violencia simbólica principalmente. No debemos dejar de pensar el poder que se pone en juego cuando alguien está de un lado del mostrador y es quien tiene el poder de resolvernos o no una situación. En el caso de la administración de justicia, ese poder se torna mayor y de repente una persona puede pasar de ser vista como “víctima” a ser “victimaria”. ¿Cómo la justicia revictimiza? Cuando, por ejemplo, vamos a denunciar un hecho de violencia por motivos de género. Ahí tenemos que performar el rol de víctima esperado. Si además tenemos capacidad de agencia, de decisión y de acción, inmediatamente nuestro testimonio se vuelve menos “creíble”, menos “suficiente” como prueba. 

Por otra parte, también nos hemos debatido qué decimos que estamos garantizando cuando se logra una sentencia. Queremos que el poder judicial llegue a tiempo, con capacidad para prevenir los delitos que tantas veces son denunciados y desoídos. Queremos que las voces de las personas que denuncian sean escuchadas y no revictimizadas. Por eso, deben existir instancias de escucha para conocer cuáles son sus expectativas respecto del proceso y construir respuestas que puedan ser ajustadas al caso, un sistema penal con la capacidad de dar diferentes respuestas para los diferentes conflictos. En este sentido, deconstruir el poder judicial es dejar de considerar al juez como el gran patriarca con voz absoluta. Los equipos interdisciplinarios -además, feminizados-, en general son quienes constituyen prueba a partir de los testimonios, recuperan la voz de las denunciantes. Se deben reforzar dichos equipos.

Decías que las personas denunciantes también podían ser evaluadas como victimarias…

Claro, este es otro de los grandes temas porque aparece como la contracara de la falta de perspectiva de género en la justicia, donde si no somos la “buena víctima” inmediatamente pasamos a ser las victimarias y pasibles de ser denunciadas. Hay muchos ejemplos de esto: cuando se inculpa a las mujeres por “malas madres”, la penalización del aborto incluso cuando son abortos espontáneos, la defensa propia en contexto de violencia por razón de género u orientación sexual, etc. En este sentido, las mujeres madres son permanentemente juzgadas por el modo de ejercer las crianzas, sin contemplar las profundas limitaciones para el desarrollo de una vida digna tanto para sí misma como para sus hijes, aquí se permea una mirada clasista. Por otra parte, es común que este contexto se profundice porque quien ejerce violencia y malos tratos hacia aquellos, somete al resto de los integrantes de la familia siendo dichas madres, víctimas de violencia de género. Lejos de tener en cuenta esto último, se las responsabiliza por no contener dicha violencia o por hacerlo de manera defectuosa, desconociendo que en muchas ocasiones existen condiciones razonables para sostener su vínculo con el agresor, por ejemplo, por ser el principal proveedor económico de la familia y careciendo la mujer de medios para su autovalimiento. 

¿Cómo sería una reforma judicial feminista?

Entendemos que debe implicar una transformación profunda del sistema de justicia, que destierre la mirada tutelar del juez como patriarca e incorpore la mirada de los equipos interdisciplinarios, que elimine los estereotipos propios del heterocispatriarcado y atienda las particularidades de cada caso a partir de la escucha de las personas denunciantes y denunciadas, que sea más cercana tanto física como éticamente a nuestro pueblo, a las mujeres e identidades LGBTTI y las problemáticas que les atraviesan, que esté orientada a la prevención, a la reparación y no al castigo cuando el daño mayor ya se produjo, que sea democrática en su composición.Desde el feminismo popular “construir puentes, tejer redes” es más que un lema, es nuestra forma de construir otros procesos más integrales de justicia. Lo decimos en las calles, lo repetimos en los espacios comunitarios y construimos en el debate público: queremos una Justicia con perspectiva Feminista.

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