El Mundo

14 octubre, 2020

Argentina no suscribió a la declaración del Grupo Lima sobre Venezuela

Luego de votar a favor del informe de la ONU sobre los presuntos ataques a los Derechos Humanos del gobierno de Maduro y alinearse con los países de derecha, Cancillería se opuso a la declaración que reconoce como mandatario interino a Juan Guaidó.

El último martes, Cancillería lanzó un comunicado en el que expresaba su desacuerdo con la declaración del Grupo Lima, que reconoce como mandatario interino a Juan Guaidó y pretende que documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI). Días atrás, Argentina dio el visto bueno sobre el informe impulsado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet, que afirma que en el gobierno venezolano de Nicolás Maduro existen roturas, falta de independencia judicial y violencia.

En su declaración, el Grupo Lima llamó a rechazar las elecciones de Venezuela, y reconoció el mandato de Juan Guaidó. Al respecto, Cancillería destacó que “Argentina no suscribe esta declaración”, ya que “no se condice con la posición de nuestro país”. “La referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, agregaron.

El Grupo de Lima fue creado en agosto del 2017 y actualmente lo componen Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Haití y Bolivia, país que se sumó luego del golpe de Estado de Jeanine Áñez. Si bien su objetivo declarado era encontrar una salida pacífica a la crisis que sufre Venezuela, en lo hechos se ha manifestado con posturas alineadas directamente con la política de bloqueo estadounidense.

La dependencia a cargo de Felipe Solá sostuvo: “Preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho’. Este llamado a una intervención extrarregional no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe”.

Además, resaltaron que el país “comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, Michelle Bachelet.

El informe elaborado por la ONU, impulsado por la Alta Comisionada, fue ampliamente rechazado por el gobierno constitucional venezolano. Las autoridades institucionales denunciaron que se ignoró el material que aportaron y que el 82% de los testimonios fueron recogidos fuera del país. El equipo de la organización internacional reconoció que no pudo entrar en el país sudamericano “debido a que el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y ante las “restricciones de viaje debido a la pandemia de Covid-19”. Por lo que la dependencia elaboró su informe con “274 entrevistas a distancia”.

“Argentina reitera nuevamente que el rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes. Solo así será posible hallar una salida política que, en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes, liderada por los propios venezolanos, lleve en el más breve plazo posible a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente”, concluyó Cancillería.

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