El Mundo

15 octubre, 2020

Chile: Diputados presiona para que Sebastián Piñera destituya al jefe de Carabineros

La Cámara baja chilena aprobó un proyecto de resolución en el que se le solicita al presidente que pida la renuncia de Mario Rozas. Además, buscan reestructurar la policía. Mientras tanto, Carabineros organiza un despliegue de 40 mil efectivos para el día del aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Con 74 votos a favor, 66 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes un proyecto de resolución solicitando al presidente, Sebastián Piñera, que destituya o pida la renuncia del director de Carabineros, Mario Rozas, “por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos”.

“Tanto el Presidente de la República, como el señor ministro del Interior (Víctor Pérez) cuentan hoy con las herramientas constitucionales y legales para ejercer un control civil en las instituciones de orden público. La situación actual del país requiere el ejercicio de un control jerárquico sobre Carabineros”, señala el escrito presentado. Sin embargo, al tratarse de un proyecto de resolución, la última decisión la tomará el presidente.

Por su parte, los diputados también solicitaron una reforma estructural de las fuerzas policiales chilenas. “Con enfoque basado en el resguardo y promoción de los Derechos Humanos, perspectiva de género, protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también, sobre el estricto conocimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos para el libre ejercicio a manifestarse que tienen los ciudadanos y los protocolos sobre el uso de la fuerza”, señalaron.

De manera análoga, a pocos días del aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, Carabineros organizó un despliegue de fuerzas que contará con 40 mil efectivos. “Llevamos meses preparándonos para esto. Después del 18 de octubre hubo muchas lecciones aprendidas. Adquirimos una experiencia que no teníamos y eso nos permitió prepararnos durante todo este tiempo”, dijo Ricardo Yáñez, general de Orden y Seguridad, a El Mercurio.

Con respecto al caso del adolescente arrojado por un efectivo al Río Mapocho, el general destacó: “Una persona se puede caer, se puede golpear la cabeza, puede chocar con un árbol, con un poste al minuto que va arrancando, y eso escapa de nuestro control. Quienes se exponen a eso por estar arrancando son quienes cometieron delitos y si se exponen a eso, se arriesga a una situación compleja”. A partir de este hecho, distintas organizaciones de Derechos Humanos presentaron una querella, acusando a Piñera y a Rozas de homicidio frustrado.

En relación al estallido social del año pasado, desde México, Amnistía Internacional pidió investigar a los altos mandos de Carabineros por violaciones a los Derechos Humanos. “Amnistía Internacional concluye que agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019, periodo que se analiza en este informe”, indicaron, refiriéndose al documento “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”.

“Amnistía Internacional concluye que los altos mandos de Carabineros, incluidos el general director, el general subdirector y el director de Orden y Seguridad, deben ser investigados penalmente por la Fiscalía; debido a que tenemos contundentes elementos para considerar que, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo bajo sus órdenes, sus subordinados, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”, sostuvo la directora del organismo internacional, Érika Guevara Rosas, en la presentación del informe. 

La organización hizo un llamado a la Fiscalía Nacional a continuar con las investigaciones, y a prestar especial atención a la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos, quienes estando en una posición de garante, “habrían ordenado tácitamente o permitido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos”. Igualmente hacen un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables, y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

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