Ambiente y Hábitat

16 noviembre, 2020

Ley Yolanda: formación integral en ambiente y desarrollo sustentable

Durante la sesión maratónica de este martes, la Cámara de Diputados debatirá sobre la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Senadores. También se tratará la modificación de la Ley de Manejo del Fuego y el Aporte Solidario Extraordinario, entre otras cosas.

Al igual que la Ley Micaela, la Ley Yolanda apunta a la formación de todas las personas que se desempeñen en la función pública en relación a temáticas ambientales y de desarrollo sustentable. El proyecto contó con media sanción de Senadores el último 6 de noviembre, y formará parte del temario de la sesión extraordinaria convocada por los diputados del Frente de Todos para el próximo martes 17. 

La normativa fue bautizada como Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina. 90 días después de que se sancione la Ley, los tres poderes del Estado deberán elevar un programa de capacitación repartido en ejes: gestión de residuos sólidos urbanos, cambio climático, derecho ambiental, economía circular, eficiencia energética, impacto ambiental de las políticas públicas, recursos naturales y biodiversidad. Estos lineamientos deben contar con el apoyo de “instituciones científicas especializadas en la materia, la sociedad civil y sus organizaciones”.

“El 80% de los residuos plásticos van a parar a entornos naturales y, cada año, 13 millones de toneladas de plástico terminan en el océano, provocando la extinción de las especies marinas”, dijo la diputada Florencia Lampreabe durante el tratado en comisiones. Y agregó: “Urge que sigamos avanzando en este camino de políticas públicas que apunten a la reducción de los plásticos a su mínimo indispensable”

Por su parte, Carolina Cortés, integrante de Jóvenes por el Clima, sostuvo: “Es imprescindible educar y formar a quienes nos representan y ejercen un cargo que los habilita a tomar decisiones, cuya perspectiva socio-ambiental suele ser nula”. 

El proyecto irá acompañado por la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe el cambio del uso del suelo entre 30 y 60 años en las zonas incendiadas tanto de forma voluntaria como involuntaria, con el fin de disminuir los negocios inmobiliarios que se esconden detrás de una gran parte de los incendios forestales. 

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