Géneros

1 diciembre, 2020

Jujuy: obligaron a parir a una niña de 12 años

Mientras el Congreso debate el proyecto de ley sobre la legalización del aborto, fue noticia el caso de una niña abusada a la que se le negó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en la localidad de Monterrico.

El último lunes, una niña de doce años que cursaba un embarazo producto de una violación fue obligada a practicarse una microcesárea. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy repudió el hecho, y denunció en un comunicado que “el Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la ILE como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica”.

El protocolo de Interrupción Legal del Embarazo vigente contempla a este caso dentro de las causales que habilitan a la víctima a realizarse un aborto de manera segura. Sin embargo, según lo relató Marina Ariza, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy, en diálogo con Salta/12, se “había solicitado la ILE en sus términos y desde la Provincia se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal”.

Si bien la Dirección Nacional de Salud Sexual se puso a disposición para activar el protocolo, la Red de Profesionales denunció que las autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy desestimaron la propuesta y decidieron no garantizar el derecho a la ILE. “Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal”, resaltaron.

A través del documento, la organización señaló que la nena se encuentra actualmente bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores “por la situación judicial de sus progenitores y no contar con una red social que la acompañe”. “Avasallar la subjetividad, convertirla en una incubadora y realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral”, agregaron.

“Exigimos que se respeten los derechos vigentes que contempla nuestro código penal y el protocolo ILE, y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes”, concluyeron.

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