Budistas autoritarios, narcos y genocidas: ¿Qué pasa en Myanmar?

Santiago Mayor

@SantiMayor

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Durante la noche del domingo 31 de enero, horas antes de que se reuniera la nueva Asamblea Nacional elegida en noviembre pasado, las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw) llevaron a cabo un golpe de Estado. Arrestaron a la premio nobel de la paz y lideresa de la gobernante Liga Nacional por la Democracia (LND), Aung Saan Suu Kyi, al presidente U Win Mynt y otros funcionarios y parlamentarios.

Ya por la mañana del 1 de febrero se informó a la población que el tercer primer vicepresidente, el general U Myint Swe, asumió la presidencia y traspasó los poderes del Estado al comandante en jefe del Tatmadaw, Min Aung Hlaing. Además se declaró que regirá el Estado de Emergencia durante un año cuando se realicen nuevas elecciones.

Las denuncias de fraude

El 8 de noviembre de 2020 hubo elecciones en Myanmar. La LND, de tendencia liberal y que había llegado al gobierno en 2015, buscaba revalidar su mandato. El triunfo fue aplastante quedándose con 396 escaños sobre 642. Segundo quedó el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP), pro militar, que obtuvo apenas 33. 

Sin embargo, la Constitución vigente establece que tres ministerios (Interior, Defensa y Fronteras) y el 25% de las bancas de la Asamblea Nacional sean siempre para miembros del Tatmadaw. Es decir que fueron “elegidos” 166 diputados militares.

Rápidamente el USDP denunció fraude y aunque en un primer momento las FF.AA. no se plegaron al reclamo, con el correr de las semanas empezaron a plantear irregularidades. Fue así que se llegó a presentar una moción en la Asamblea Nacional para revisar las elecciones, lo cual fue rechazado por el gobierno. Inmediatamente las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada, se llenaron de manifestantes opositores denunciando fraude.

A esto se sumó el reclamo de la etnia rohingya (musulmanes) que fueron en su mayoría excluidos de la posibilidad de votar bajo el argumento de que su región, Rakhine, se encuentra en conflicto. Sobre 1,6 millones de habitantes, solo 400 mil fueron habilitados para acudir a las urnas.

El genocidio budista

Myanmar fue colonia británica hasta 1948 cuando logró la independencia. Sin embargo, desde 1962 hasta 2015 tuvo gobiernos militares y varios conflictos internos marcados por las diferencias étnicas, religiosas y económicas. Estas disputas han dado lugar al surgimiento de varias organizaciones insurgentes que, hasta el día de hoy, combaten desde sus regiones al Estado central.

La etnia Bamar, que es mayoritaria (alrededor del 70% de la población) y practica la religión budista, ha concentrado históricamente el poder y sometido al resto. Es así que el budismo ha funcionado siempre como articulador de una identidad nacional única y excluyente, a tal punto de llevar a cabo un genocidio contra los rohingya de religión musulmana que habitan en el sur del país.

Si bien la segregación lleva décadas, cobró notoriedad hace algunos años cuando el gobierno “democrático” de la LND en connivencia con el Tatmadaw, arrasó con las aldeas rohingya. Entre 2017 y 2018 más de 700 mil personas de esta etnia fueron forzadas a migrar y establecerse en campos de refugiados en el vecino Bangladesh. Además se estima que 25 mil fueron asesinadas.

Por esto, a pedido de Gambia, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya abrió una investigación. Pero fue la propia Aung Saan Suu Kyi, muchas veces presentada desde Occidente como una demócrata, quien encabezó la defensa de su país. La ganadora del nobel de la paz en 1991 por oponerse a la dictadura que gobernaba entonces negó las atrocidades de las mismas Fuerzas Armadas con las que, en los hechos, co-gobernaba hasta este domingo.

En la defensa que hizo en 2019 aseguró que el informe del tribunal era “incompleto e incorrecto” y consideró que lo que se denunció como un genocidio se trata en realidad de un “conflicto interno”.

Es que Suu Kyi, hija de un héroe de la independencia de su país, criada en la India y con estudios en Inglaterra, se ha apoyado también en el budismo nacionalista como forma de construir poder. Hay que recordar que, por ser esposa de un extranjero, no puede acceder al cargo de presidenta. Sin embargo, lideraba el Consejo de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores desde donde ejercía el poder de facto.

Si bien algunos extremistas budistas como la organización Ma Ba Tha la han criticado por no ser lo suficientemente dura con las otras etnias y religiones, bajo los gobiernos de la LND se aprobaron leyes sobre la Monogamia, que convierte cualquier otra forma de matrimonio en delito (un ataque directo al Islam); y la Ley para la Conversión Religiosa que obliga a hacer un arduo trámite para registrarse con una fe determinada. Incluso, si se considera que este cambio de religión es para “ofender” a otra, la persona puede ser castigada con la cárcel.

El negocio del opio

A la limpieza étnica de los rohingya en el sur se le suman otros conflictos con los kachin y los ta’ang en el norte y este del país. Aunque la LND y el Tatmadaw firmaron durante los últimos años acuerdos de paz y alto el fuego con distintos grupos no lo han logrado con el Ejército por la Independencia de los Kachin (KIA) y el Ejército de Liberación Nacional de los Ta’ang (TNLA). 

Estas etnias han rechazado la oferta de dejar las armas a cambio de participar del negocio del narcotráfico que tan bien alimenta las arcas militares y gubernamentales. El KIA y el TNLA se oponen por los estragos que ha generado en sus comunidades el consumo de opio y heroína. Es que de acuerdo a la Southeast Asia Opium Survey el país es el segundo mayor productor de opio del mundo después de Afganistán.

Los intereses de China y Occidente

La mayoría de los países occidentales, pasando por EE.UU., la Unión Europea y hasta Argentina, condenaron el golpe de Estado. Por su parte China, potencia regional y principal socio comercial de Myanmar, convocó al diálogo entre las partes para solucionar el conflicto.

Se trata de una declaración particular teniendo en cuenta que el Tatmadaw tiene las armas y los líderes de la LND están bajo arresto. Pero para comprender esto hay que entender el rol que juega el país en la estrategia de Beijing.

Por empezar China construyó gasoductos y oleoductos que atraviesan Myanmar desde la provincia china de Yunnan hasta el golfo de Bengala. Estos le facilitan importar hidrocarburos de Medio Oriente y evitar el paso de barcos por el Estrecho de Malaca, famoso por ser uno de los que tiene mayor actividad pirata en el mundo.

Además está invirtiendo en la creación de Zonas Económicas Especiales en las regiones de Shan, territorio de los ta’ang, y en Rakhine, territorio de los rohingya.

Por todo esto ha intervenido con fuerza tanto en su carácter de socio de los gobiernos como también de los grupos insurgentes a los cuales ha financiado. Esto le permitió convertirse en el mediador regular entre el Ejecutivo y las organizaciones armadas, siendo un actor clave para el equilibrio interno.

Considerando estos factores y la idiosincrasia de la diplomacia china, no le preocupa la ideología, el tipo de gobierno o la represión interna. Seguramente respalde indistintamente a quien garantice sus negocios y proyectos que son parte del plan estratégico de la Nueva Ruta de la Seda que unirá Asia con África y Europa.

Pero China no es el único actor internacional. Petroleras transnacionales como Chevron, Exxon y Total también tienen inversiones en el país que no fueron afectadas por las violaciones a los Derechos Humanos. En 2017 accionistas musulmanes llamaron a Chevron a dejar de hacer negocios con el gobierno «liberal» por el genocidio rohyngia. Incluso la misma Chevron recibió denuncias de avalar trabajos forzados en sus instalaciones. Nada de esto afectó su operatoria en el territorio.

Es por eso que independientemente de los reclamos formales por la interrupción del particular orden democrático, es poco probable que algo cambie siempre y cuando el gobierno interino no afecte los intereses económicos internacionales que, en gran medida, también son los propios.