Nacionales

17 febrero, 2021

El decreto xenófobo de Macri que es urgente derogar

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 sancionado por la gestión cambiemita modificó la Ley de Migraciones para endurecer controles y facilitar la expulsión de personas. A más de un año del gobierno del FdT es urgente la derogación de esta normativa que marca un claro retroceso en los derechos de los migrantes en el país.

Sebastián Castro*

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¿Cuántas veces se ha dicho que los extranjeros son el problema de este país? ¿Con cuánto énfasis algún distraído hace carne el discurso del chivo expiatorio: los extranjeros tal y cual cosa?

La Constitución Argentina en su artículo 20 dice: ‘‘Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias…’’

Inclusive, algún buen señor de corbata amarilla -que disfrutó de un cargo cuasi vitalicio en el Congreso- se aventuró a decir: ‘‘La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire’’, refiriéndose a las villas. 

Sin embargo, el amor es así -el suyo, sintomatológico-. Dice amar su país, pero quiere dinamitarlo. ¡Qué picardía! Porque seamos sinceros, ningún migrante diría tal despropósito ni de su país de procedencia ni de residencia. 

Aquel buen señor fue expulsado de su propio partido por traición; por encabezar una fórmula presidencial de oposición a la mayoría de su partido -y país-. Es irónico que este mismo buen señor tenga un apellido en el que se denotan sus raíces extranjeras y que revela la migración de sus ancestros. Quizás, solo quizás, su abuelo o su bisabuelo llegó a esta maravillosa tierra en busca de un mejor futuro en los años en que en Argentina se proponía como política de Estado recibir extranjeros que pasaban penurias en una Europa hambrienta. Bien lo ilustra José Luis Romero: ‘‘El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década de 1860 a 1870 y de 85.000 en la década de 1870 a 1880… Buenos Aires, que contaba con 150.000 habitantes en 1865 pasó a tener 230.000 en 1875’’.

De manera que Argentina en su constitución como nación tiene que ver con los extranjeros. Es evidente entonces que su xenofobia es selectiva e ignorante. 

Existe otro señor, también de corbata amarilla, que ejerció el honorable cargo de presidente de la República durante el periodo 2015-2019. A lo largo de su gestión el país se inundó de profundas crisis sociales y políticas. El gobierno, lejos de poder dar respuesta a alguna de ellas, se fue por la vía fácil: echarle el agua sucia al que podía y evitar el problema -aunque no fue la única vez que lo hizo-

Después de un diciembre -como todos y en todo sentido- caliente, el flamante nuevo ministro de Hacienda de entonces, Nicolás Dujovne, decía: “Argentina entra en una fase de crecimiento” y a continuación el ex presidente Mauricio Macri promulgó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 argumentando ‘‘seguridad nacional’’.

Este adefesio de ley endureció controles migratorios y facilitó la expulsión de migrantes. Sin embargo, no fue sólo esto. El decreto vino acompañado de una serie de discursos televisivos y en redes sociales que hacían ver a los migrantes como el gran problema del país. 

Según esta medida, un migrante puede ser deportado por una cuestión tan nimia como una contravención, una pelea automovilística o venta ambulante, para el caso -muy probable en pandemia-. La macabra vinculación por parte de la anterior administración con el delito y la migración ataca derechos fundamentales y conquistas progresivas en materia migratoria en la región. 

Como resultado de la aplicación de esta normativa xenófoba, las deportaciones se multiplicaron y ascendieron a tres mil. Es decir, tres mil familias afectadas.

Con la llegada del nuevo gobierno en el 2019 renacieron las esperanzas de los migrantes. El gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández tomó las riendas del país con un discurso de inclusión y con la convicción de poner en pie una nación sumida en una crisis brutal. El Frente de Todos obtuvo un fuerte apoyo por parte de las organizaciones sociales. Al interior de estos espacios hay una gran cantidad de migrantes que pusieron su grano de arena para la victoria de este armado político sobre la base de que con Macri no había futuro posible.

El apoyo por parte de estos amplios sectores tuvo una fuerte militancia y acompañamiento desde su conformación como espacio. Y esto se reflejó en votos. Un trabajo mancomunado de largo aliento en los barrios, las universidades, espacios sindicales, etc. Por esto -y más- hoy, a más de un año de la posesión del gobierno del presidente Fernández es un imperativo la derogación del decreto 70/2017. Se lo debe a sus votantes migrantes en particular y a la sociedad argentina que construimos día a día en general. 

Recientemente se realizó una encuesta migrante que dejó datos muy contundentes: la mitad de estos perdieron sus ingresos y sólo dos de cada diez accedieron a la IFE . Esto significó que medio millón de migrantes fueron rechazados por la Anses. Los problemas de radicación se han hecho más fuertes y en época de crisis sanitaria tiene un doble peso, entre otros tantos problemas. 

Está claro que vivimos una pandemia que nos ha afectado en materia de salud, educación y economía. Pero, también sabemos que los derechos no se postergan -como pasó con el aborto- y justamente en un momento tan difícil los migrantes necesitamos estabilidad jurídica para nuestros derechos como ciudadanos porque ¡migrar no es delito!

*Periodista e integrante del Espacio de Narración y Memoria Contarnos

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